La ampliación de los centros de datos de una reconocida compañía del sector tecnológico en Aragón ha provocado inquietud en varias organizaciones ecologistas, las cuales han presentado objeciones al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Estas agrupaciones advierten sobre el considerable impacto ambiental que podría resultar de esta expansión, indicando que el proyecto carece de medidas correctivas apropiadas para atenuar sus impactos negativos.
Un aspecto que genera gran preocupación es el alto consumo de energía que se anticipa para los nuevos centros de datos. De acuerdo con las proyecciones, cuando las instalaciones funcionen a máxima capacidad, la demanda de electricidad llegará a los 10.900 GWh al año, excediendo el consumo total de la comunidad autónoma, que en 2023 ascendió a 9.679 GWh.
Este aumento en la demanda energética podría afectar el crecimiento de otros sectores económicos y provocar riesgos de cortes de suministro, según advierten las organizaciones ambientalistas.
Este incremento en la demanda podría comprometer el desarrollo de otros sectores económicos y generar riesgos de apagones, según las organizaciones ecologistas.
Esta cantidad es particularmente alarmante en localidades como Villanueva de Gállego, donde la demanda de agua podría quintuplicarse, agravando el estrés hídrico en una zona ya afectada por la escasez de recursos hídricos.
Las organizaciones ecologistas también ponen en duda las promesas de creación de empleo vinculadas al proyecto. Basándose en experiencias de otras naciones, sostienen que las cifras presentadas podrían no ser realistas y que la generación de empleos sería considerablemente inferior a lo proclamado. Asimismo, critican la falta de claridad y la carencia de un estudio integrado que analice de manera conjunta el uso de recursos hídricos y la ocupación del terreno en la región.
La empresa promotora, por su parte, ha expresado su compromiso con la sostenibilidad, anunciando la instalación de plantas de tratamiento de agua en cada uno de los centros de datos con el fin de incrementar la eficiencia hídrica en un 10%.
Además, afirma que la expansión es ambientalmente viable y que se llevarán a cabo las acciones necesarias para minimizar y corregir los impactos durante la evaluación requerida.
Asimismo, asegura que la ampliación es compatible desde el punto de vista ambiental y que se implementarán las medidas necesarias para reducir y corregir los impactos durante la evaluación preceptiva.
El Gobierno de Aragón, que ha declarado el proyecto como de Interés General, destaca la importancia de estas inversiones para el desarrollo económico de la región. Sin embargo, las organizaciones ecologistas insisten en que los posibles beneficios económicos no justifican los impactos ambientales y sociales asociados, y consideran que el proyecto es opaco y contrario al desarrollo sostenible de Aragón.
Este debate refleja la creciente preocupación por el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección del medio ambiente, subrayando la necesidad de una planificación cuidadosa que considere tanto el progreso económico como la conservación de los recursos naturales.