El Parlamento y el Consejo de la UE, bajo Presidencia española, han desarrollado este miércoles el pacto de la UE sobre migración y asilo, uno de los paquetes legislativos que más frivolidades han provocado en la UE desde que más de un millón de personas han llegado a su destino. las puertas de la Unión en 2015. Las cifras actuales no son las mismas —en 2023, 273.000 personas han llegado a Europa, según la Organización Internacional de Migraciones—, pero el recuerdo de aquella crisis se mantiene estable desde entonces en las políticas migratorias. de una UE marcada por el ascenso de la extrema derecha. La batalla de los últimos años entre los Gobiernos ultraconservadores hostiles a la inmigración, como los de Polonia y Hungría, y los estados ribereños mediterráneos de la UE como Italia y España, que exigían una unidad solidaria a los firmantes, había dejado que la reforma se hubiera iniciado. desde 2020. Después de que en enero de 2022 se aprobara un mecanismo del departamento de refugiados que resultó ineficaz, la adopción del pacto finalmente se cerró al precio de soportar las reglas para obtener la protección internacional en la UE.
¿Qué es el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo?
Se trata de un paquete de normas comunes para los Estados miembros en materia de migración, asilo e integración y gestión de fronteras. Se recoge en cinco normas: el control y tratamiento de datos de los migrantes; el control de los frentes externos; el relativo a protección y recursos judiciales; el que se ocupa de la administración de posibles crisis migratorias y, finalmente, el que vierte sobre la gestión y atención de los solicitantes de asilo y su departamento entre los países miembros.
¿Cuál es su objetivo?
La Comisión Europea presentó el rechazo del pacto en septiembre de 2020 para romper el estancamiento político entre los miembros sobre la reforma de la política de asilo y migración de la UE. Este ha sido uno de los problemas más frívolos que han surgido en los últimos años entre los Veintisiete, no sólo por las peticiones de los países mediterráneos de un mecanismo de departamento de solidaridad para los solicitantes de asilo, sino sobre todo por la oposición de los Gobiernos que incluyen o incluían a partidos Extremadamente, hay quienes, como Polonia y Hungría, ven denegada la asistencia a los abogados de protección internacional desembarcados en estados como Italia, España o Grecia. Este entendimiento “significa que los europeos decidirán quién vendrá a la UE y podrán detenerse allí, sin traficantes”. [de personas]. Significa proteger a quienes lo necesitan”, felicitó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
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El pacto apoya los requisitos de asistencia y concesión de asilo y establece que una parte de los solicitantes de esa protección internacional que llegan a la UE (al menos 30.000 personas al año) hayan sido reclutados por todos los países de la UE. Con excepciones como las que preveían el concepto de “solidaridad obligatoria pero flexible”, que permite a los miembros eludir esta obligación pagando 20.000 euros por cada petición recibida de un fondo común europeo. Todos los inmigrantes irregulares que lleguen a las fronteras europeas se someterán a controles de salud, identidad, seguridad y vulnerabilidad, que durarán un máximo de seis días. El apoyo establecido es también un nuevo mecanismo para garantizar la solidaridad entre los Veintisiete en caso de una “afluencia excepcional de nacionales de terceros países que provoque el colapso del sistema nacional de asilo”.
¿Hay alguna crítica tuya?
En la Eurocámara, los Verdes y la Izquierda. Organizaciones de derechos humanos como Amnistia Internacional también creen que esto “retrasará la legislación europea en materia de asilo durante décadas” y que su “resultado probable es un aumento de las dificultades en cada etapa del proceso de asilo de una persona en la UE”, dijo Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional. El entendimiento, según Geddie, es que “el riesgo de normalizar medidas de emergencia desproporcionadas en el frente europeo, sintiendo un precedente peligroso por la falta de asilo en todo el mundo”. En comparación con los que se refieren a la Amnistía, estos medios de emergencia son, por ejemplo, un nuevo mecanismo que prevé “una posible suspensión temporal de los procedimientos habituales de asilo” en tiempos de aumento de los inmigrantes transportados, en caso de “fuerza mayor” o de “instrumentalización” de estas personas, cuando “terceros países o agentes no estatales hostiles utilizan a los inmigrantes para desestabilizar la UE”.
El lugar y los criterios del primer procedimiento de control para clasificar a los inmigrantes perturbadores también dependen de las ONG, ya que estos días se han convertido en detenciones prolongadas, incluso de niños, en las fronteras europeas. La ONG critica que se pueda eludir el mecanismo del departamento entre los solicitantes de asilo pagando una tasa cuyo destino no está claro y que podría dedicarse a reforzar la protección del frente.
¿Qué pasará con los inmigrantes descartados?
Los inmigrantes rechazados como solicitantes de asilo serán enviados al procedimiento habitual: detención en centros en espera de deportación, una expulsión que no puede llevarse a cabo sin previo aviso si la persona afectada lo solicita. Esta detención puede prolongarse durante varios meses, lo que, una vez más, aumenta la “carga de quienes buscan protección al tener que permanecer en el limbo, atrapados en condiciones similares a las de detención, durante mucho más tiempo de lo inicialmente previsto”, advirtió en octubre la ONG Comité Internacional de Rescate. (IRC). La UE también podrá trasladar una solicitud de asilo a un Estado no miembro de la Unión —como Túnez o Turquía— si se considera que se trata de un “tercer país seguro” y que el solicitante tiene residencia allí, incluso si es temporal. Básicamente, esto le permite enviar la petición. Es posible que esto ya exista, pero con el nuevo pacto se establecerán los criterios para utilizarlo.
¿Qué pasa si ahora consideramos “tercer país seguro”?
El nuevo pacto europeo establece que cualquier Estado de la UE que conceda “protección efectiva” al solicitante de asilo será considerado “tercer país seguro”. Este concepto ambiguo no incluye el acceso a un estatus legal, atención médica integral o reunificación familiar, lo que contraviene los criterios de la ONU, según el IRC. Esta ONG teme que la definición de país seguro conduzca a deportaciones masivas a Estados que violan los derechos humanos.
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