Con el inesperado empate electoral de julio pasado, Macron esperaba una clarificación del escenario político francés que fortaleciera su posición en la Asamblea Nacional. Los 247 diputados macronistas eran la fuerza principal, pero no contaban con la mayoría absoluta (289 diputados). Al enviar el cordón sanitario a la extrema derecha, la aritmética parlamentaria obligó a la primera ministra, Elisabeth Borne, o sería bueno actuar con las mismas fuerzas políticas (a la derecha, los 74 diputados de los republicanos; a la derecha, los 131 candidatos de la coalición izquierdas NUPES); O bien volver a una singularidad del sistema parlamentario francés: el artículo 49.3 de la Constitución.
Tras esta disposición, el Gobierno puede aprobar una ley sin alcalde parlamentario, pero el cambio permitió a la oposición presentar una moción de censura en las próximas 48 horas. Si prospera la moción de censura, el Gobierno cesa y el proyecto de ley decae; pero si la moción de censura no prospera, el gobierno no se mantiene por sí solo, sino que se aprueba la ley. Es un poco de todo o nada.
Pues bien, en el lugar donde se busca el reconocimiento con otras fuerzas, Borne optó por usar el garrote del artículo 49.3 hace décadas sabiendo que, si no había una alternativa mayor para que floreciera una moción de censura, el macronismo podía darse el lujo de aprobar leyes a una en menor medida, entre otras cosas.
El adelanto electoral, que fortalece la alcaldía presidencial, enfrenta un duro castigo por esta forma de gobernar. El partido de Macron perdió 82 votos y quedó relegado a la segunda fuerza. De todos los alcaldes posibles para formar Gobierno, Macron se retiró para abandonar la coalición de independientes que ganó las elecciones “el Nuevo Frente Popular”, con 182 diputados, y encomendó la formación de Gobierno a Michel Barnier, del partido conservador de Los Ángeles. Republicanos (con 60 diputados) en una aritmética que sólo fue posible con el apoyo explícito del macronismo y el acuerdo implícito de la extrema derecha.
Se designó así la primera votación verdaderamente significativa del gobierno de Barnier, que debería aprobar las condiciones para el ejercicio 2025, en un contexto de déficit público descontrolado (las previsiones apuntan a alcanzar el 6% del PIB) cierre de año, cuando el objetivo era reducirlo al 5,1% desde el 5,5% registrado en 2023) y con el primer riesgo francés en su nivel más alto tras la crisis la eurozona en 2012, incluidos España, Portugal y Grecia.
Sin embargo, suficiente para satisfacer plenamente los presupuestos, el macronismo se ha adaptado de nuevo al artículo 49.3. Veremos si este tiempo es suficiente, porque se acabó la desuntiva: dado que Macron no puede volver a convocar elecciones legislativas hasta un año después de las anteriores, si la moción de censura prospera, Francia se planteará sin condiciones el próximo año y Macron Me gustaría nombrar un nuevo Primer Ministro, que debería formar de nuevo un nuevo gobierno. Y si el movimiento no prospera, porque se salvó el voto in extremis por alguna razón con la extrema derecha, dejando con evidencias de que Macron es un presidente amparado por Le Pen y abandonando definitivamente el terreno del frente republicano que derrotó la victoria de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de 2017 y 2022.