El Ejecutivo de Guatemala ha enviado al Congreso un proyecto de ley para actualizar el sistema portuario del país. Esta medida busca aumentar la eficiencia logística nacional y promover la colaboración del sector privado en el desarrollo y gestión de instalaciones portuarias. La iniciativa, denominada Ley General del Sistema Portuario, pretende crear un nuevo organismo regulador para la supervisión de los puertos del territorio nacional.
La iniciativa surge tras meses de consultas y talleres con organismos internacionales, expertos del sector privado y autoridades gubernamentales. El proyecto de ley consta de 12 títulos y 106 artículos que abordan aspectos clave como la planificación, regulación, supervisión y modernización de la infraestructura portuaria. Uno de los pilares fundamentales de la propuesta es la creación de una Autoridad Portuaria Nacional autónoma, encargada de coordinar y supervisar el desarrollo del sistema portuario, garantizando una gestión eficiente y transparente.
La iniciativa también define un marco normativo preciso para estimular la inversión privada en áreas marítimas y costeras, con la meta de actualizar y aumentar las instalaciones portuarias. Se intenta coordinar el crecimiento de los puertos con desarrollos ferroviarios y viales, fomentando la conexión múltiple y fortaleciendo la red comercial. El plan incluye levantar diversas infraestructuras para elevar la eficiencia de los puertos en Guatemala.
Además, el Gobierno de Guatemala firmará el 22 de mayo un convenio con Estados Unidos para la modernización de sus puertos, específicamente Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla. El convenio, con un plazo de 30 años, también incluye un análisis para habilitar nuevamente el sistema ferroviario en Guatemala, actualmente sin uso. Este acuerdo busca expandir y mejorar las actuales condiciones de las terminales marítimas comerciales del país.
La modernización de los puertos en Guatemala permitirá agilizar el comercio marítimo y mejorar la competitividad del país en el ámbito internacional. La implementación de esta ley y la colaboración con Estados Unidos representan pasos significativos hacia el desarrollo de una infraestructura portuaria moderna y eficiente, que responda a las necesidades del comercio global y contribuya al crecimiento económico de Guatemala.